LA JUSTICIA ORDENA A LA ANDIS REEMBOLSAR EN UN PLAZO DE 24 HORAS LAS PENSIONES SUSPENDIDAS A NIVEL NACIONAL
El poder judicial determinó que la Agencia Nacional de Discapacidad actuó de forma irregular y deberá restituir las pensiones que habían sido retenidas. Según la resolución, el organismo tiene un plazo de 24 horas para devolver el dinero, y esta medida se aplica en todo el territorio nacional.
El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca aceptó una acción de amparo colectivo presentada por organizaciones de personas con discapacidad, quienes son titulares de pensiones no contributivas, junto con el defensor del Pueblo provincial. Sin embargo, esta demanda legal se desarrolla en el marco de un caso más amplio, donde se están investigando a varios involucrados en la causa de Diego Spagnuolo.
Los demandantes pusieron en duda la forma en que se estaban llevando a cabo las auditorías médicas. Además, señalaron que desde julio muchos titulares de pensiones comenzaron a enterarse de las suspensiones sin recibir notificaciones adecuadas ni la oportunidad de defenderse.
Antes de que se emitiera la sentencia final, la ANDIS defendió su actuación alegando que cumplió con las capacidades que le otorgaron los decretos 698/2017 y 843/2024. También sostuvo que las auditorías que realizó fueron debidamente comunicadas y que las suspensiones se ejecutaron en los casos en los que no se cumplían con los requisitos médicos exigidos.
En este escenario, la sentencia definitiva publicada este jueves abordó el tema central y indicó que la Agencia Nacional de Discapacidad no demostró haber realizado actos administrativos individuales que justificaran las bajas. Por lo tanto, el tribunal concluyó que esto fue un procedimiento sin base legal para interrumpir las prestaciones a un sector de la población.
Finalmente, el juez señaló que las pensiones no contributivas son consideradas propiedad de quienes las reciben y solo pueden ser suspendidas mediante un proceso regular que respete el debido proceso y el derecho a la defensa.
Hasta el 16 de julio de 2025, el Gobierno suspendió las pensiones de 65.230 personas debido a diversas irregularidades, sobre un total de un millón de beneficiarios. Además, el informe oficial indicó que aproximadamente el 60% de las personas afectadas no habrían realizado la revisión médica.
En ese sentido, y hasta esa fecha, 8.207 personas decidieron renunciar a la pensión de forma voluntaria, y otras 6.643 dejaron de recibirla por el fallecimiento de los titulares. Según datos de la ANDIS, de este modo, el Estado dejó de pagar 80.080 pensiones, lo que le generó un ahorro mensual de $23.000.000.
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